Procurador General no Garantiza Legalidad de Orden Presupuestaria de Malloy

View this story in: English, Português

Artículo De Portada, Articulos, Politica

Procurador General no Garantiza Legalidad de Orden Presupuestaria de Malloy

By Keith M. Phaneuf | ctmirror.org

El Procurador General George Jepsen brindó una opinión legal que cuestionó la legalidad del plan del gobernador Dannel P. Malloy de administrar la ayuda municipal en ausencia de un presupuesto estatal.

Pero mientras Jepsen se preocupaba por los planes del gobernador de reducir las concesiones de educación especial y reparto de ingresos por concepto de impuestos sobre las ventas, él ofreció a Malloy y la legislatura una sola alternativa: redactar un nuevo presupuesto estatal.

Senate Republican leader Len Fasano of North HavenY el líder republicano del Senado, Len Fasano, de North Haven, quien pidió la opinión y ha argumentado que el plan del gobernador sobrepasaría su autoridad, también admitió que no podría haber ningún plan que el gobernador pudiera elaborar.

“Reconocemos la formidable tarea que el gobernador enfrenta, en el ejercicio de su obligación constitucional de cuidar que las leyes sean fielmente ejecutadas, para mantener las operaciones efectivas del gobierno estatal en ausencia de un presupuesto legislativo”, escribió Jepsen.

Los analistas dicen que las finanzas del estado, a menos que sean ajustadas, causaría un déficit de $1.6 mil millones este año fiscal. Gran parte de esa posible brecha se debe a la subida de los beneficios de jubilación y otros costos de deuda, además de la disminución de ingresos fiscales recibidos.

La legislatura y el gobernador han luchado desde febrero para elaborar un nuevo presupuesto que cierre este déficit sin imponer ingresos importantes y aumentar el impuesto sobre las ventas. Y esa lucha continúa ahora, con casi 14 semanas cumplidas del nuevo año fiscal sin un plan decretado.

Una de las áreas clave de disputa entre Fasano y Malloy involucra los planes del gobernador para manejar un programa adoptado hace dos años y diseñado para compartir recibos de impuestos de ventas con ciudades y pueblos.

Una parte de esos fondos se destinaría sólo a las comunidades con altas tasas de impuestos a la propiedad para compensar los ingresos que perderían bajo un plan relacionado para fijar un tope a los impuestos sobre vehículos motorizados.

El estado impuso un tope de 37 millones en el último año fiscal y las leyes piden que este límite caiga a 32 millones este año fiscal.

Otra porción de esos recibos de impuesto sobre las ventas se enviarían como alivio al impuesto sobre la propiedad a un grupo más amplio de ciudades y pueblos.

Pero la cuenta de ingresos especiales establecida para mantener los ingresos fiscales por este programa de repartición no ha acumulado fondos suficientes para cubrir todos estos pagos a las ciudades.

Como parte de su mayor esfuerzo para evitar un déficit presupuestario estatal, Malloy dijo que mantendría el tope fiscal de vehículos en 37 millones, otorgará bonificaciones compensatorias a las comunidades elegibles y cancelará el otro reparto de ingresos por impuestos a las ventas.

Todo esto podría restablecerse, dijo, si estos programas se financian con un presupuesto nuevo, equilibrado y aprobado.

“El enfoque del gobernador puede ser una decisión razonable y prudente de política, y una que la legislatura podría hacer bajo esas circunstancias,” Jepsen escribió. “Sin embargo, no parece ser una opción que el estatuto autorice de frente al gobernador a hacer por su cuenta… Un tribunal podría llegar a la conclusión de que esto no es un resultado que la ley permite.”

Del mismo modo, Malloy también dijo que, sin un presupuesto, él reduciría los subsidios de educación especial a los distritos escolares a los niveles de los últimos años fiscales, aunque deberían aumentar bajo una fórmula prescrita por ley.

“En ausencia de la autoridad estatutaria existente de reducir el monto de las subvenciones a sus niveles de año fiscal 2017, un tribunal podría concluir que el monto total calculado bajo [la ley estatal] debe ser pagado”, escribió Jepsen.

La ley también exige que estos pagos de educación especial se emitan en febrero y mayo. Así que incluso si el plan del gobernador violara la ley con respecto a las subvenciones de educación especial, ese componente aún no se ha implementado.

“La forma en que un tribunal resolvería este problema no puede predecirse con certeza”, agregó Jepsen.

“Estamos agradecidos por la atención del Procurador General a estas preguntas, y tendremos en cuenta estos resultados”, dijo la portavoz de Malloy Kelly Donnelly.

Entonces, ¿qué puede hacer el gobernador, que no puede aumentar unilateralmente los impuestos, para cubrir todos los gastos estipulados por la ley cuando no hay suficiente dinero en las arcas del estado?

No se le hizo esa pregunta a Jepsen, pero sí hizo notar que la oficina del procurador general siempre ha ofrecido una solución a los gobernadores y legislaturas en el pasado: redactar un nuevo presupuesto.

Podría ser un nuevo presupuesto de dos años o un plan provisorio que abarque un período más corto, pero la Constitución estatal coloca claramente la autoridad de escritura de presupuesto en manos de la legislatura, según ha observado constantemente la oficina en sus opiniones desde hace varias décadas.

Fasano dijo que cree que la orden ejecutiva del gobernador reduciría los programas de educación especial y de distribución de ingresos a unos 248 millones de dólares este año fiscal.

“Él está muy restringido, y debe estar consciente de eso”, dijo el líder republicano del Senado. “Por lo que la pregunta de que si es una buena política dependerá de la legislatura”.

Fasano no es el único que cuestiona la legalidad del proyecto de Malloy para administrar las finanzas estatales sin un presupuesto aprobado.

Uno de los sindicatos de maestros más grandes del estado, la Asociación de Educación de Connecticut, anunció esta semana que estaba buscando un mandato judicial del estado para bloquear la distribución del gobernador de las subvenciones costos compartidos de Educación en octubre.

Esos pagos, que se enviaron esta semana, no sólo proveen a los distritos, en total, unos 134 millones menos de lo que recibieron en octubre pasado, sino que también redistribuyen dramáticamente la ayuda.

El plan de Malloy eliminaría los pagos ECS a 85 comunidades y los reduciría por 54 más, al mismo tiempo manteniendo los pagos a los 30 distritos escolares más empobrecidos planos.

“Los recortes de ECS del gobernador son peligrosos y serían devastadores para estudiantes, padres, maestros y comunidades en todo el estado”, dijo Sheila Cohen, presidenta de CEA. “Estos violan los estatutos estatales y la obligación constitucional del estado de proveer educación adecuada a los estudiantes de las escuelas públicas. Ahora que se están aplicando severos recortes, debemos tomar medidas para evitar el posible espiral descendente que llevaría aún más a nuestras escuelas al caos”.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Pin on PinterestShare on LinkedIn
October 13, 2017

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *