La Situación Financiera de Connecticut es Peligrosamente Inestable

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Opinion

La Situación Financiera de Connecticut es Peligrosamente Inestable

By Erik Cafarella - Traducción: Jamal Fox

Al igual que un despilfarrador de tarjetas de crédito con deudas al máximo e ingresos limitados, Connecticut va tropezando hacia su ruina financiera.

Confiar en un adicto a declarar la verdadera profundidad de su problema, en general, es poco aconsejable. Esta vez no es diferente. Oculto detrás de trucos contables e inadmisibles en el sector privado, los políticos de Connecticut calcularon en el Informe Financiero Anual Integral del estado (“CAFR”) un importante agujero de $70 mil millones a finales de 2014: $22 mil millones en deudas, $26 mil de millones en deudas pasivas no financiadas y $22 mil millones en deudas de salud no financiadas para jubilados. Aunque estas cifras son grandes, subestiman la escala del problema.

Los políticos han manipulado durante mucho tiempo los supuestos de las pensiones para ocultar los problemas a largo plazo. Antes del 2017, el estado ordenó tasas poco realistas de 8 por ciento y 8,5 por ciento de descuento para determinar el valor actual de las obligaciones futuras de las pensiones en sus dos planes principales. En febrero, los políticos se vieron obligados a bajar estas tasas a un 6,9 por ciento juntamente con otra maniobra de aplazamiento. Sin embargo, muchos expertos financieros y críticos académicos sugieren que tasas del 3 al 4 por ciento son más realistas. La siguiente tabla ilustra los efectos que las tasas de descuento tienen sobre los pasivos de pensiones (utilizando la regla actuarial actual, según la cual una disminución del 1% en la tasa de descuento corresponde a un aumento del 12% en pasivos).

Con una deuda total aproximada de $80 mil millones en aumento e ingresos fiscales de $16 mil millones en un buen año, la situación fiscal de Connecticut está peligrosamente inestable. Hay cuatro maneras de abordar el desequilibrio: i) aumentar los impuestos, ii) acelerar el crecimiento económico, iii) reducir el gasto y los servicios y reasignar el ahorro para pagar la deuda, y iv) reestructurar o incumplir estas obligaciones.

Aumentar los impuestos de los niveles actuales dañaría aún más a la débil economía. A falta de una reforma significativa para aliviar las ya pesadas cargas impositivas y reglamentarias, no es irrazonable esperar que la economía y su base imponible se deterioren con el tiempo a medida que las familias y las empresas sigan emigrando.

Reconociendo su incapacidad de i) aumentar los impuestos adicionales o ii) acelerar el crecimiento económico, los políticos se han visto obligados a asignar una parte creciente del presupuesto anual del estado para satisfacer las obligaciones de los jubilados. A medida que esto continúa, los empleados públicos y los jubilados se verán a sí mismos en una posición cada vez más adversa frente a otros beneficiarios de recursos limitados del estado: ¿Debería Connecticut pagar una pensión de jubilados de seis cifras, un cuidado de crianza temporal para niños huérfanos o servicios de salud para un septuagenario de bajos ingresos en Medicaid?

La maniobra de aplazamiento en febrero redujo los pagos de pensiones importantes e inminentes y los financió con tasas de interés usurarias. Aunque era políticamente conveniente, esto no fue más que un costoso parche BandAid. La pregunta de cómo el estado podrá pagar los servicios necesarios y obligaciones de los jubilados sigue en pie. La salida de este lío requiere afrontar los problemas de frente.

Un buen médico detendría primero el sangrado. Del mismo modo, Connecticut debe limitar el daño congelando los planes de pensiones de inmediato. Sólo en el peor de los casos debería el estado esperar hasta 2022 para que expire el convenio colectivo actual.

Luego, el estado deberá mover a sus empleados a planes de contribución definida de 401k. Los jubilados y empleados seguirían teniendo derecho a los pagos de pensiones en sus niveles congelados, mientras que los empleados activos tendrían el beneficio adicional del 401k financiado regularmente. La reforma del sistema de jubilación mantiene un control de los problemas fiscales y aleja al Estado de una estructura de jubilación llena de abusos.

Los sindicatos del sector público ciertamente rechazarán los cambios que reducen su influencia política. El aparato político del estado ha estado inclinado a su favor por mucho tiempo. El hecho de que el nuevo orador de la Cámara de Representantes de Connecticut sea también un administrador sindical público activo sólo pone en manifiesto lo que había sido prácticamente cierto durante mucho tiempo.

Sin embargo, las décadas de victorias para la unión pública al final podría darle la razón a Pirro, a medida que el estado se vea incapaz de pagar las cuentas. Se espera que los costos fijos, como pagos de pensiones y salud, representen el 53 por ciento del presupuesto en 2018, frente al 37 por ciento en 2006. Incluso después de congelar los planes de pensiones, los pasivos de las pensiones y salud probablemente seguirán siendo insolubles.

Si tuvieran que elegir entre los servicios necesarios y las obligaciones de los jubilados, los políticos deberían reestructurar rápidamente las deudas de pensiones y salud a través de la bancarrota, asumiendo una aprobación exitosa en la legislación federal que autorice esta opción. Aunque nunca tiene resultado óptimo, la bancarrota detendría una espiral descendente cada vez más doloroso que afecta a todos los residentes de Connecticut, incluyendo los sindicatos del sector privado. Al igual que un individuo después de una bancarrota personal, la reestructuración de las obligaciones inasequibles al final resultaría terapéutico para Connecticut.

Además de la estabilización fiscal, Connecticut debe reformar su sistema político para realinear a políticos y residentes. Connecticut debería, como mínimo, aprobar una legislación de sentido común que requiera la aprobación de la Asamblea General para los convenios colectivos y laudos arbitrales.

Yendo más allá, los legisladores deberían derogar el arbitraje vinculante e implementar el tope de gastos prometidos junto con la aprobación de impuestos sobre la renta hace 25 años. Estas reformas, entre otras, moderarán el mal comportamiento político y aumentarán la probabilidad de que el Estado encuentre su camino de regreso a la sostenibilidad a largo plazo.

Al abordar efectivamente su crisis fiscal y desalineamiento político, Connecticut creará un ambiente en el que las empresas y familias volverán a tener oportunidades y un futuro prometedor.

Erik Cafarella es un profesional en administración de inversiones que vive en Glastonbury.

 

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April 20, 2017

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