OP-ED: ‘Connecticut Necesita un Sistema de Financiamiento Escolar que Tenga Sentido’

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Editorial

OP-ED: ‘Connecticut Necesita un Sistema de Financiamiento Escolar que Tenga Sentido’

By Katie Roy

 

En su decisión del 7 de septiembre del caso Coalición de Connecticut para la Justicia en Financiamiento Educativo (CCJEF) v. Rell, el juez del Tribunal Superior de Connecticut, Thomas Moukawsher, emitió un reglamento largo y de gran alcance sobre la educación y la equidad en nuestro estado.

Al corazón de este histórico fallo del juez Moukawsher está la afirmación de algo que los educadores, padres, estudiantes y líderes comunitarios han estado diciendo durante casi cuatro décadas: el sistema financiero escolar de Connecticut es irracional, injusto, e ilógico. Ahora podemos añadir inconstitucional a esa lista.

Durante casi cuatro décadas, nuestro estado ha tratado de crear financiamiento equitativo escolar mediante una serie de correcciones inconsistentes y fórmulas erróneas. Este enfoque ha hecho que Connecticut, “[m]ás allá de toda duda razonable”, como escribe el juez Moukawsher, “incumpla su deber constitucional de proporcionar oportunidades escolares públicas adecuadas porque no tiene ningún plan racional, sustancial y verificable para distribuir dinero para una ayuda educativa. ”

La incapacidad de Connecticut de crear un sistema de financiación escolar “racional, sustancial y verificable” no es un problema nuevo ni será un reto fácil de resolver. Nuestro estado actualmente financia a las escuelas públicas utilizando un nudo enredado de 11 fórmulas diferentes que incluso el mejor Eagle Scout no podría entender. Una de esas fórmulas, el de Costos Compartidos de Educación (ECS), una subvención de ecualización educativa del estado, no ha sido utilizado fielmente por años y ha dejado a las comunidades y distritos con un sistema de subvenciones en bloque impredecibles. Y, aunque no vaya directo al caso, Connecticut usa unas 10 fórmulas adicionales de financiación para financiar su programa de elección de escuelas públicas, lo que aumenta aún más la irracionalidad del sistema financiero escolar.

Más importante aún, ninguno de los métodos actuales de financiación de Connecticut se basan en las necesidades de los estudiantes y las escuelas que les sirven. Como señaló Moukawsker en su fallo, el estado de Connecticut “no puede cumplir con sus deberes educativos bajo la constitución sin adherirse a una fórmula razonable y reconocible para distribuir la ayuda estatal educativa. Esa fórmula debe aplicar principios educativos para asignar fondos en base a las circunstancias especiales de las comunidades más pobres del estado”.

Si Connecticut realmente piensa financiar a sus escuelas públicas de manera “racional, sustancial y verificable”, ya no podemos depender de soluciones a corto plazo o estar satisfechos con una “renovación” de la fórmula ECS que no aborda los problemas fundamentales que tiene el sistema de financiación escolar estatal. Los estudiantes y comunidades de Connecticut merecen más que un sistema que puede o no pasar el umbral constitucional, ellos merecen un sistema que ofrezca a todos y cada uno de ellos recursos y oportunidades de éxito.
Cuando nuestra organización viajó por todo el estado durante el año pasado hablando sobre la financiación educativa y en las reuniones con los padres, estudiantes, educadores, legisladores, funcionarios locales y miembros interesados de la comunidad, un punto en particular que ha sonado fuerte y es cierto en cada comunidad, sin importar su tamaño, riqueza, composición demográfica, o ubicación, es que Connecticut necesita un sistema financiero escolar que tenga sentido.

El objetivo del sistema de financiamiento escolar de Connecticut no debe ser de simplemente cumplir con el requisito constitucional mínimo. El objetivo debe ser un sistema equitativo, predecible y consistente en el cual nuestro Estado asigna más de $2 mil millones en fondos para la educación. Esto no es un objetivo ideológico, partidista o jurídico, es simplemente buen gobierno.

Para lograr aquel sistema financiero escolar que ofrece a todos los estudiantes los recursos necesarios para tener éxito, y aquel que nuestras escuelas y comunidades desean, Connecticut debe implementar un sistema que utiliza una fórmula para financiar a todos los estudiantes de manera justa, que asigne fondos basados en las necesidades de aprendizaje del estudiante, que distribuya fondos para la educación de una manera consistente, predecible, eficiente y transparente, y que satisface las necesidades de las comunidades y el presupuesto del estado. Un sistema financiero escolar basado en estos cuatro principios no sólo aprueba la barra constitucional, sino abre el camino a las oportunidades para los estudiantes de Connecticut quienes, durante mucho tiempo, han enfrentado un sistema lleno de obstáculos.

Aunque posibles apelaciones ante el Tribunal Supremo del estado de Connecticut puedan alterar la decisión, el reto para nuestro estado y sus legisladores no lo harán. Es el mismo desafío que Connecticut ha enfrentado durante décadas: lograr un sistema de financiación escolar lógico y equitativo. A medida que Connecticut se enfrenta a decisiones presupuestarias difíciles, necesidades cada vez mayores de los estudiantes, y una desigualdad significativa en todo el estado, no podemos continuar seguir arreglando nuestro sistema financiero escolar durante mucho tiempo más.

Sabemos el desafío que tenemos por delante. Ahora vayamos a su encuentro.

 

Katie Roy es la directora y fundadora del Proyecto de Financiamiento Escolar de Connecticut, una organización no partidista, sin fines de lucro que trabaja para identificar soluciones a los problemas de financiación escolar de Connecticut que sean justas para los estudiantes, comunidades y contribuyentes. La organización no está afiliada con la Coalición de Connecticut para la Justicia en la Educación o cualquiera de los demandantes en el caso CCJEF v. Rell.

 

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October 8, 2016

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