Tribunal Supremo del Estado Dice que Revisará el Caso de Financiamiento Escolar

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Tribunal Supremo del Estado Dice que Revisará el Caso de Financiamiento Escolar

By Jacqueline Rabe Thomas

 

El Tribunal Supremo estatal escuchará una apelación acelerada sobre la conclusión de un tribunal inferior de que la forma en que el estado distribuye la ayuda educativa y supervisa las escuelas locales es inconstitucional.

El presidente del Tribunal Supremo, Chase T. Rogers, aceptó las peticiones del fiscal general George Jepsen y los abogados de los demandantes para una revisión directa por el Tribunal Supremo de los diferentes aspectos de la decisión del juez de la Corte Superior, Thomas Moukawsher.

Moukawsher exigió planes del estado en menos de 180 días para establecer nuevos estándares para la evaluación de los maestros, graduación de secundaria y la educación primaria, además de una revisión de cómo se financian las escuelas. En defensa del Estado, la apelación del fiscal general calificó la decisión  como una extralimitación judicial.

El presidente del Tribunal Supremo aceptó la solicitud del estado de interrumpir la orden de Moukawsher hasta después del decreto del tribunal superior.

Los demandantes, una coalición de padres, funcionarios escolares, y sindicatos de profesores, habían pedido que la alta corte espere a oír la apelación del estado hasta que las correcciones elaboradas por los legisladores hayan sido definidas por el tribunal inferior.

Si el Tribunal Supremo decidiera aceptar el caso ahora, los demandantes pidieron que se revise también otro hallazgo importante en la decisión, que el nivel de financiación general del estado para la educación cumplió con los estándares mínimos constitucionales. Esa fue la única parte de la decisión de Moukawsher que recibió la aprobación de la oficina de Jepsen.

En su decisión, Moukawsher arremetió contra el estado de un método de “irracional” e inconstitucional de la distribución de fondos para la educación.

No se fijó una fecha para las discusiones del Tribunal Supremo, y no está claro qué jueces escucharán el caso. Rogers se recusó del caso en 2009, cuando el alto tribunal determinó que la constitución del estado requiere una cierta calidad de la educación, y devolvió el caso al tribunal inferior el 2010 para que decida cuál debería ser ese límite, y si el estado lo estaba cumpliendo.

El juez Andrew McDonald ya se había recusado a sí mismo. Él asesoró a Dannel P. Malloy en la demanda cuando Malloy era un demandante en un juicio como el alcalde de Stamford, y era el principal abogado de Malloy este se convirtió en gobernador.

De los cuatro jueces de la mayoría del 2010 que ordenaron que Connecticut era responsable de proporcionar a los estudiantes una educación mínimamente adecuada, sólo uno está todavía en el tribunal, el juez Richard Palmer. De los tres jueces que desacordaron, sólo uno permanece en la corte, el juez Peter Zarella. Sin embargo, la juez Christine Vertefeuille, quien estaba presente en el caso cuando Rogers se recusó, sigue siendo una juez importante y podría estar disponible para esta apelación.

Los abogados del estado y la coalición que demandan al estado dijeron que están contentos con el caso, el cual ha estado en la corte durante 11 años, está llegando a su conclusión.

“Estamos contentos de que el presidente del Tribunal Supremo haya acordado que este caso requiere una revisión inmediata y completa por nuestro Tribunal Supremo. Esperamos una solución justa y definitiva de las cuestiones importantes que presenta este caso”, dijo Jaclyn M. Falkowski, una portavoz del fiscal general.

“Esperamos una revisión completa de todas estas cuestiones importantes ante el Tribunal Supremo,” dijo Jim Finley de la Coalición de Connecticut para la Justicia de Financiación Educativa. “Tenemos la esperanza de que será un proceso expedito para que los niños no tengan que esperar una vez más un día entero en la corte.”

 

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October 7, 2016

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